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Quito, 20 may (EFE).- La ‘Kombi Violeta’, una furgoneta de organizaciones feministas, inició este lunes una caravana con la que recorrerá Ecuador para honrar los 100 años del primer voto femenino en unas elecciones en Latinoamérica, logrado por la ecuatoriana Matilde Hidalgo (1889-1974), y así también impulsar la participación política de las mujeres.

La Coalición Violeta, integrada por más de una decena de organizaciones feministas y de la sociedad civil del país andino, presentó la ruta de la caravana en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal), en Quito.

“Hacemos un recorrido por la historia que tiene como hito contar lo que hizo Matilde Hidalgo por el país, informando sobre su vida pero también invitando a la reflexión sobre la participación política de las mujeres”, explicó durante la presentación de la campaña Ana Gómez, directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA), una de las organizaciones integrantes de la Coalición Violeta.

En la rueda de prensa también intervinieron Cecilia Lincango, coordinadora del Área de Género y Diversidades de la Fundación Esquel; Daniela Chacón, directora de la Fundación Tandem; Mónica Bolaños, directora del ecuatoriano Instituto de la Democracia (IDD), y María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) en Ecuador.

Matilde Hidalgo, una mujer pionera

El 10 de mayo de 1924, Matilde Hidalgo se convirtió en la primera mujer en sufragar en Ecuador y en toda América Latina, lo que abrió el camino para la participación política femenina en el país a partir del 9 de junio de ese mismo año.

En su carrera política, Hidalgo también fue la primera mujer concejal de Machala (1925) y primera vicepresidenta del mismo municipio (1926), pero antes de ello fue la primera mujer en graduarse de bachiller en Ecuador (1923) y en obtener un doctorado en Medicina (1919).

“Hidalgo ganó las batallas de una manera puramente intelectual”, aseveró Gómez en la presentación.

Tras esta primera parada en Quito, durante los próximos 11 días la ‘Kombi Violeta’ recorrerá otros ocho cantones (municipios), con paradas en Latacunga, Ambato, Riobamba, Azogues, Cuenca, Machala, Catamayo y Loja, la ciudad natal de Hidalgo.

Violencia política de género

A lo largo de la ruta, se celebrarán encuentros ciudadanos para dialogar sobre la importancia de la participación política de las mujeres, con vistas a las elecciones presidenciales el próximo febrero de 2025.

Asimismo, se realizarán actividades de concienciación sobre la violencia política de género que aún enfrentan las mujeres en el espacio público.

“Trabajamos por la participación política de las mujeres en un entorno libre de violencias”, señaló la directora ejecutiva de MEGA, Ana Gómez.

Pese a que la ley electoral de Ecuador tipificó en 2020 la violencia política de género, Gómez aseguró que “esta es una de las principales barreras” para que las mujeres puedan ejercer en igualdad su derecho de participación política.

Desde Coalición Violeta cuentan además con un protocolo para afrontar este tipo de violencia de género al interior de los partidos políticos y aprovecharon para hacer un llamado a que las organizaciones políticas lo incluyan entre sus compromisos.

FUENTE: noticias.yahoo.com

Ana Guerrero
La Coalición Violeta lazó la campaña para contrarrestar la violencia contra las mujeres en la política. Las integrantes de la agrupación presentaron la propuesta a 100 años del primer voto femenino en América Latina y rumbo a las elecciones 2025.

Este lunes, 20 de mayo de 2024, se presentó la Kombi Violeta, de la mano de la campaña Violeta Sí, Violencia No, en Ciespal, en el norte de Quito. En el evento, se recordó a la ecuatoriana Matilde Hidalgo, la primera mujer en votar en América Latina.

Las huellas después del primer voto
Para ella, el camino estuvo rodeado de discriminación y ese panorama aún tiene rezagos. Así lo mencionó Ana Gómez, coordinadora de la Coalición Violeta, y detalló que la Kombi, en la que colocaron la imagen de la precursora del sufragio femenino, llegará a nueve cantones.

La Coalición Violeta se formó hace dos años, con la premisa, justamente, de evidenciar y contrarrestar la violencia en la política que enfrentan las mujeres en la política.

La paridad de género aún no es una realidad
Las mujeres ocupan solo el 36,78% de los escaños en la Asamblea Nacional, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Entonces, aún no se puede hablar de paridad de género. Además, una de cada dos mujeres políticas en Ecuador ha experimentado algún tipo de violencia.

Ana Gómez detalló que la Kombi Violeta recorrerá Quito, Latacunga, Riobamba, Cuenca y Loja. La ruta terminará en la tierra natal de Matilde Hidalgo.

La Kombi Violeta va acompañada de banderas con la consigna Violeta Sí, Violencia No y, como elemento central, la imagen de Matilde Hidalgo, quien estudió Medicina, en Cuenca.

¿Qué es la Coalición Violeta?
La Coalición Violeta es una plataforma que une a organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y mujeres que ejercen liderazgo. Entre las organizaciones como Fundación Esquel, Mega, entre otras.

Mónica Bolaños, del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue parte del lanzamiento, en el que se invitó a que más mujeres sean parte de las elecciones 2025. En estas se elegirán Presidente y asambleístas.

La campaña Violeta Sí, Violencia No tuvo una primera fase en el 2023. Las actividades incluyen capacitación a mujeres políticas sobre sus derechos, incidencia en políticas públicas para prevenir la violencia y apoyo a quienes han sido víctimas de violencia.

Sobre Matilde Hidalgo
Matilde Hidalgo se convirtió en la primera mujer en graduarse como médica en el Ecuador. Además, en 1924, en Machala, donde vivía y ejercía la profesión, se empadronó para las elecciones de senadores y diputados de la época, petición que fue negada por los miembros de mesa.

Frente a esa respuesta, la mujer presentó un reclamo al entonces Ministerio del Interior, recibiendo una respuesta positiva el 9 de junio de 1924.
Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO.

FUENTE: elcomercio.com

Medidas concretas para erradicar la violencia de género en los entornos rurales o asegurar jubilaciones que reconozcan los trabajos no remunerados son algunas de las exigencias que han realizado lideresas de comunidades rurales de Bolivia, Ecuador y Colombia a sus respectivos Estados, con el propósito de construir una «nueva ruralidad».

Las lideresas se han reunido en Quito del 24 al 26 de abril en el marco del diálogo regional Mujer: Fortaleza y Liderazgo desde lo local, inspirando al mundo, organizado por la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y Autonomía MEGA, con el apoyo la Red de Mujeres por la Democracia.

En un manifiesto difundido, las mujeres han asegurado que las violencias que sufren por el hecho de ser mujeres se ven amplificadas por otras realidades, como «ser indígenas, negras, hablar otra lengua, tener una condición económica vulnerable» o «vivir en una diversidad territorial».

«Somos mujeres, lideresas, rurales y comunitarias; además de artesanas, trabajadoras del campo, mantenemos la economía del cuidado, somos cuidadoras del ambiente, y de las semillas nativas y constructoras de paz en nuestros territorios; seguimos viviendo violencia basada en género, la misma que se ve agravada por las diferentes interseccionalidades con las que convivimos», han expresado.

Las mujeres, «territorio de conquista en medio de una guerra»

Las lideresas han señalado que el crimen organizado y el narcotráfico aumentan los niveles de violencia e inseguridad, lo que -explican- favorece que las mujeres sean «tomadas como un instrumento, un territorio de conquista en medio de una guerra».

También denuncian enfrentar violencia política y rechazan que las leyes de paridad se hayan reducido a «cumplir cuotas» en cargos de elección popular, sin incluir a las administraciones comunitarias.

Exigen así a sus gobiernos una «nueva ruralidad» que garantice su presencia en la toma de decisiones y que reconozca el derecho al territorio, así como a las lenguas nativas.

Acciones concretas contra la violencia de género

Con el objetivo de combatir la violencia de género, solicitan medidas concretas que incluyan datos actualizados y desagregados por sexo y etnia, entre otros indicadores, para conocer la dimensión real de estas violencias.

Reclaman también la creación de centros de atención integral y casas de acogida para víctimas de malos tratos en sectores rurales.

En esta línea, solicitan la implementación de mecanismos tecnológicos efectivos para que las medidas de protección establecidas en la ley, como el botón de pánico o las líneas de atención y alerta máxima, funcionen sin incidencias.

Para todo ello, consideran indispensable que se aseguren presupuestos diferenciados con enfoque de género dirigidos al entorno rural.

Otra de las reivindicaciones es la creación del Ministerio de la Mujer en los países de la región que aún no exista y fortalecer el presupuesto en caso de que se cuente con este organismo.

Jubilaciones que reconozcan el trabajo no remunerado

En Bolivia, el 87,7 % de las mujeres rurales trabaja en el sector agropecuario, en Colombia el 36,2 % y en Ecuador el 61,30 %, según datos de la Fundación Alternativa, con sede en Madrid.

Esta misma fundación señala que en Bolivia, el 55 % de las mujeres rurales trabaja de manera no remunerada, en Colombia el 92,9 % y en Ecuador el 45 %.

Por este motivo, defienden implementar una jubilación diferenciada entre hombres y mujeres que equipare el trabajo no remunerado realizado por éstas últimas durante toda su vida.

Entre otras peticiones, se incluyen proteger el acceso a la salud y a la educación, desde una perspectiva intercultural, para los hijos e hijas de las familias del sector rural, así como garantizar el acceso a una educación sexual y reproductiva basada en el consentimiento.

La delegada del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos del Ecuador Verónica Carrillo ha expresado su compromiso de trazar una agenda orientada a las mujeres rurales.

Por su parte, las organizaciones firmantes del manifiesto se comprometen a darle seguimiento a estos planteamientos a través de la construcción de una red regional andina.

FUENTE: efeminista.com

Quito, 30 abr (EFE).- Lideresas de comunidades rurales de Bolivia, Ecuador y Colombia exigen a sus respectivos Estados que tomen acciones concretas para combatir la violencia de género en los entornos rurales, y adoptar una «nueva ruralidad», se informó este martes.

La petición se hizo tras una reunión de lideresas llevada a cabo en Quito entre el 24 y el 26 de abril, en el marco del diálogo regional ‘Mujer: Fortaleza y Liderazgo desde lo local, inspirando al mundo’, organizado por la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y Autonomía MEGA, y con el apoyo de la Red de Mujeres por la Democracia.

Las lideresas comunitarias aseguran en un manifiesto difundido en Quito que las violencias que sufren basadas en el género se ven amplificadas por otras realidades como “ser indígenas, negras, hablar otra lengua, tener una condición económica vulnerable” o “vivir en una diversidad territorial”.

Asimismo, señalan que el crimen organizado y el narcotráfico aumentan los niveles de violencia e inseguridad, lo que -explican- favorece que las mujeres sean “tomadas como un instrumento, un territorio de conquista en medio de una guerra”.

También denuncian que enfrentan violencia política y rechazan que las leyes de paridad se hayan reducido a “cumplir cuotas” en cargos de elección popular, sin incluir a las administraciones comunitarias.

Exigen así a sus Gobiernos una “nueva ruralidad” que garantice su presencia en la toma de decisiones y que reconozca el derecho al territorio, así como a las lenguas nativas.

Con el objetivo de combatir la violencia de género, las lideresas solicitan medidas concretas que incluyan datos actualizados y desagregados por sexo y etnia, entre otros indicadores, para conocer la dimensión real de estas violencias.

Reclaman también la creación de centros de atención integral y casas de acogida para víctimas de malos tratos en sectores rurales.

En esta línea, solicitan la implementación de mecanismos tecnológicos efectivos para que las medidas de protección establecidas en la ley, como el botón de pánico o las líneas de atención y alerta máxima, funcionen sin incidencias.

Para todo ello, consideran indispensable que se aseguren presupuestos diferenciados con enfoque de género dirigidos al entorno rural.

Otra de las reivindicaciones es la creación del Ministerio de la Mujer en los países de la región que aún no exista y fortalecer el presupuesto en caso de que se cuente con este organismo.

En Bolivia, el 55 % de las mujeres rurales trabaja de manera no remunerada, en Colombia, el 92,9 % y en Ecuador, el 45 %, según datos de la Fundación Alternativa, con sede en Madrid.

Por este motivo, defienden implementar una jubilación diferenciada entre hombres y mujeres que equipare el trabajo no remunerado realizado por estas últimas durante toda su vida.

Entre otras peticiones, se incluyen proteger el acceso a la salud y la educación, desde una perspectiva intercultural, para los hijos de las familias del sector rural, así como garantizar el acceso a una educación sexual y reproductiva basada en el consentimiento.

Por su parte, las organizaciones firmantes del manifiesto se comprometen a darle seguimiento a estos planteamientos a través de la construcción de una red regional andina.

FUENTE: infobae.com

El proceso electoral de 2025 en Ecuador, que culminó con la elección de Daniel Noboa como presidente y María José Pinto como vicepresidenta, se desarrolló bajo un alarmante contexto de violencia política, según el Informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política, presentado este martes 20 de mayo.

El Observatorio documentó 80 agresiones contra la integridad y la vida de actores políticos, entre el 1 de enero y el 13 de abril de 2025, incluyendo 46 asesinatos, en lo que representa uno de los procesos electorales más violentos de la historia reciente del país.

Posesión de Daniel Noboa: fecha, hora y detalles de la investidura presidencial del 24 de mayo
Estos hechos ocurrieron pese a múltiples estados de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno vigente desde 2024.

La violencia, según el informe, se concentró en provincias como Guayas, Manabí, El Oro y Pichincha, y afectó a autoridades en funciones, candidatos, exfuncionarios, líderes sociales, periodistas y familiares de autoridades.

En comparación, el proceso de elecciones anticipadas de 2023, aunque más corto, registró 36 agresiones. Esto representa un incremento del 122% en 2025, según el análisis del observatorio.

Radiografía de la violencia: quiénes fueron atacados
De las 80 agresiones registradas, se identificaron como víctimas:

46 personas asesinadas: 14 líderes políticos, 1 líder de opinión, 21 funcionarios públicos, 4 miembros de la Policía o Fuerzas Armadas, 1 exfuncionario público y 5 víctimas colaterales.
8 atentados, 21 amenazas, 4 secuestros y 1 agresión física.
La mayoría de víctimas fueron hombres (85%), con roles de liderazgo político (35 casos), social (26 casos) y de opinión (5 casos).

Las organizaciones políticas más afectadas fueron Revolución Ciudadana, Avanza, CREO y el Partido Sociedad Patriótica.

Violencia política de género: 44 mujeres agredidas
El informe identificó 44 agresiones contra mujeres mediante expresiones que buscaban desprestigiarlas con base en estereotipos de género.

Más de la mitad de estas expresiones (53,5%) hicieron alusión a supuestas relaciones sexuales o sentimentales con hombres poderosos, usando términos como “moza de” o “madre del hijo de”.

Desde el año 2020, se han presentado 63 denuncias por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero solo 10 han tenido sentencia. El Observatorio señaló además la falta de protocolos dentro de los partidos políticos para prevenir y sancionar estos hechos.

El OCVP utilizó una metodología que combina el monitoreo de medios, redes sociales y fuentes oficiales, así como análisis cualitativos a partir de perfiles de víctimas y expresiones discriminatorias.

Recomendaciones al Estado
El Observatorio advirtió que muchas de las recomendaciones hechas tras las elecciones de 2023 no fueron cumplidas. Entre ellas:

No se reformó el Código de la Democracia.
No se fortaleció el control del financiamiento electoral.
No se crearon protocolos efectivos de seguridad para candidaturas.
Las organizaciones políticas carecen de mecanismos internos contra la violencia de género.
Frente a esto, el informe propone una serie de acciones:

Crear una unidad de inteligencia electoral con coordinación entre el CNE, la UAFE, Fiscalía, Policía y cooperación internacional.
Obligar a partidos a contar con protocolos contra violencia política de género.
Establecer un observatorio oficial de violencia política y fomentar educación cívica estructural.
Regular el uso de redes sociales y la difusión de desinformación y bots durante campañas.
“El proceso electoral 2025 se realizó en un contexto complejo de violencia, criminalidad y desconfianza institucional”, concluyó el OCVP.

FUENTE: primicias.ec

El estudio, elaborado por la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-Ecuador) y la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA), subraya que los comicios se efectuaron en un “escenario complejo de violencia”.

En ese contexto, contabilizaron 80 incidentes, clasificados en 46 homicidios, 21 intimidaciones, ocho atentados, cuatro secuestros y una agresión física contra la integridad.

En rueda de prensa este martes, Ana Gómez, de MEGA, señaló que en el estudio se incluyeron no solamente los ataques de diversa índole a candidatos a la presidencia o al legislativo, sino a otros funcionarios ligados al proceso de votaciones.

“Hemos llegado a normalizar la violencia. (…) Hoy aceptamos sin asombro que aspirantes lleven chalecos antibalas, cascos protectores y estén rodeados de efectivos policiales y militares”, apuntó Gómez.

El representante de FES-Ecuador, Constanti Groll, explicó que la investigación dividió las agresiones en atentados contra la integridad física, violencia de género y otros hechos de discriminación.

“Creemos que la participación política tiene que ser libre, sin violencia, eso ataca los derechos políticos de los candidatos y afecta los principios de la democracia”, manifestó Groll.

El estudio señala que la Revolución Ciudadana (RC), movimiento que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue el grupo político más afectado, con siete homicidios, una amenaza y un ataque contra sus integrantes.

La ex candidata presidencial de esa organización, Luisa González, fue quien más recibió ataques calificados como violencia política de género, aunque Anahi Macaroff, coordinadora de FES-Ecuador, aclaró que ese tipo de agresiones contra mujeres abarcan todo el espectro político.

Para enfrentar y prevenir estos actos, el documento plantea recomendaciones, entre ellas el diseño y la puesta en marcha de una política nacional de seguridad electoral de carácter permanente, así como la activación de protocolos específicos contra la violencia política de género.

Ecuador fue a las urnas el 9 de febrero y el 13 de abril para elegir presidente, vicepresidente, legisladores y parlamentarios andinos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador de los sufragios al actual mandatario Daniel Noboa, quien el próximo sábado tomará posesión para el periodo 2025-2029.

FUENTE: prensa-latina.cu

El exalcalde de Francisco de Orellana (El Coca), Ricardo Ramírez no se resigna a dejar la alcaldía. Él fue DESTITUIDO por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en sentencia dictada en la causa Nro. 180-2022-TCE que se ejecutorió el pasado 6 de junio. El TCE LO DESTITUYÓ, por haber ejercido violencia política en contra de la entonces vicealcaldesa Verónica Saritama; le suspendió los derechos de participación por dos años que le impiden ejercer cargo público por ese tiempo; y, le impuso la multa de USD 11.250 que aún no ha pagado.

A través de una medida cautelar, que contraviene la decisión del TCE, lo cual está prohibido por la Constitución y la ley porque no son aplicables en contra de decisiones judiciales, la jueza JENNY PATRICIA FREIRE ARIAS de Quevedo, impide el ejercicio del cargo, a la actual alcaldesa Shirma Cortes, quien asumió por ser la Vicealcaldesa cuando Ramírez tuvo que dejar el cargo.

Cinco medidas cautelares anteriores le fallaron:

1. Causa Nro. 17985-2023-00493 presentada ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Quito, resultó inadmitida por falta de competencia territorial del juez, el caso es en Orellana no en Quito.
2. Causa Nro. 17240-2023-00048 presentada en el Tribunal de Garantías Penales de Quito, desiste el propio accionante.
3. Causa Nro. 22301-2023-00304 presentada en la Unidad Judicial Civil de Orellana, desiste el propio accionante.
4. Causa Nro. 17460-2023-02400, presentada en la Unidad Judicial de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito, desiste el propio accionante.
5. Causa Nro. 17460-2023-2268 presentada en la Unidad de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito, resultó negada por no cumplir con requisitos, normativa y por no existir violación de derechos.

Y Ramírez insistió hasta conseguir en el SEXTO INTENTO la jueza “adecuada” para actuar en contra de normas expresas y desestabilizar al Municipio de Orellana.

La petición de medidas cautelares fue presentada por un tercero este día DOMINGO 23 DE JULIO 17h35 (evitando el sorteo); la jueza de manera “veloz”, en menos de 48 horas emite la medida y deja sin efecto la resolución en que Shirma Cortes asumió la alcaldía como legalmente correspondía.

La jueza, con su accionar ha cometido error inexcusable y presunto delito de prevaricato. La pregunta es ¿por qué lo hace?, ¿qué la motivó a tomar esa decisión tan absurda?, ella sabe que ello le puede costar el puesto!. Los jueces y juezas son quienes más conocen la Constitución, la ley y las sentencias de la Corte Constitucional y en este caso es evidente que actúa con plena voluntad para violentarlas.

Como organización de mujeres que hemos promovido la paridad, impulsaremos que la Corte Constitucional seleccione este caso y destituya a la jueza Freire y siente precedentes para detener el abuso de las medidas cautelares y garantías jurisdiccionales; además, promoveremos que se denuncie por violencia política a Ricardo Ramírez, ahora en contra de la alcaldesa Shirma Cortes, y que se le sancione en base a los artículos 279 y 280 del Código de la Democracia.

El martes 30 de mayo de 2023 el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió dentro de la causa Nro. 180-2022-TCE favorablemente a la denuncia de violencia política por motivos de género interpuesta por Verónica Saritama, ex vicealcaldesa del cantón Orellana con patrocinio de MEGA Mujeres.

La sentencia es de última instancia y ordena:

• La destitución del cargo de Alcalde de Orellana al Sr. Ricardo Ramírez
• La suspensión de los derechos políticos por 2 años
• La multa de 25 salarios básicos que deberán pagarse al CNE
• La presentación de disculpas públicas a Verónica Saritama
• La publicación de la sentencia en la página web y redes sociales del cantón Orellana
• Desarrollar una capacitación a los servidores públicos del GAD en materia de violencia política de género.

La presente causa se resuelve luego de haber sido ingresada el 16 de agosto de 2022. Esta sentencia constituye una conquista más y contribución a la jurisprudencia electoral para promover una democracia respetuosa de la participación política de las mujeres sin violencia política.

Te invitamos a descargar la sentencia.

Descarga aquí la sentencia

Las autoridades de justicia han reconocido la vulneración de los derechos constitucionales en el caso de Nancy Muñoz.

Se dictó en el Tribunal Contencioso Electoral la primera sentencia de segunda instancia (definitiva e inapelable) por violencia política contra la mujer, favorable a la denunciante, Nancy Muñoz Giler, vocal de la junta parroquial de Chamanga, cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas.

El presidente de la junta de San Gregorio de Chamanga, Patricio Patiño, fue sancionado con la suspensión de los derechos políticos por dos años, la sentencia tomada por unanimidad genera importante jurisprudencia a nivel nacional como un referente para todas las mujeres que atraviesen situaciones similares sobre violencia política y de género.

Caso

La lucha empezó desde el 2020 cuando la denunciante Nancy Muñoz, vocal del Gad, se encontraba en estado de embarazo y lactancia, la fémina no recibía el pago de sus funciones desde mayo del 2020 hasta marzo del 2021, es decir durante 10 meses, se le incumplió la absolución de consulta sobre el proceso de remoción; y, el desconocimiento de su licencia por maternidad.

La fémina efectúo una acción de protección contra el presidente de la zona ante un juez de garantías constitucionales inicialmente para el pago de remuneraciones en su totalidad que no se lograron efectuar. Es por ello que bajo la tutoría jurisdiccional y de género de la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y Autonomía MEGA el pasado 10 de febrero interpusieron una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) donde se instó la máxima sanción al denunciado.

Resultados

El Tribunal Contencioso Electoral, el 15 de junio de 2022 notificó la sentencia en contra de Patricio Patiño, presidente del GADP Chamanga, denunciado por la Infracción Electoral muy grave-Violencia Política de Género.

Mientras que el viernes 22 de julio se conoció sobre la primera sentencia de segunda instancia (definitiva e inapelable) por violencia política que sufrió Muñoz. En esta segunda instancia se efectuaron ciertos cambios en las sanciones dirigidas a Patiño, las cuales resolvieron: suspensión de sus derechos por participación durante dos años, multa equivalente de 25 remuneraciones básicas de un trabajador, valor que debe ser depositado en un plazo de 30 días desde el día que cause ejecutoria la sentencia a la cuenta “Multas” del Concejo Nacional Electoral.

Personaje y precedente

Nancy Muñoz, es vocal electa del Gad de San José de Chamanga del cantón Muisne durante las elecciones del año 2019 hasta el 2023 y Patricio Patiño, fue elegido presidente de la Junta parroquial mencionada. Actualmente Muñoz se encuentra vigente en su cargo y menciona que su caso ha marcado un presente en el país.

“Con este caso se arma un precedente para que ciertas autoridades piensen, analicen y respeten los derechos de las mujeres, porque somos pilares fundamentales y no podemos estar al margen de ciertas autoridades”

Violencia Género

Muñoz señala que en algún momento pensó en desistir de la situación que vivía, porque las autoridades de Esmeraldas no brindaban el soporte para su caso, sin embargo el apoyo constante de MEGA le permitió continuar. “Todavía hay autoridades que son consientes y se apegan a la ley”.

Este caso es una de las situaciones que enfrentan las mujeres a nivel del país, la violencia de género y política representa un atraso a la sociedad que busca brindar igualdad de oportunidades al hombre y a la mujer que tienen el pleno derecho de gozar de sus derechos laborales.

Apoyo

Finalmente Muñoz enfatiza  que si alguna fémina se ve identificada por su caso, atravesó o está atravesando por violencia de está índole no duden en acercarse a la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y Autonomía MEGA que tiene su sede en Esmeraldas o la contacten al correo nancyreginamg@gmail.com  si desean alguna asesoría para llevar el proceso porque alega que la gente abusa hasta que uno se lo permite, el no callar y hacer visibles más casos es una forma de decir que las mujeres son pilares fundamentales en la sociedad. (CS)

FUENTE: lahora.com.ec