Con Fundación Esquel trabajamos para prevenir la violencia de género en contra de las mujeres y las niñas de los cantones de Archidona y Riobamba, con especial énfasis en el ámbito rural.
Con HIAS y Fundación ESQUEL se trabajó para mejorar el acceso a los servicios de salud y al empleo para la población en situación de movilidad humana y su integridad social y económica en los cantones de Machala, Huaquillas, San Lorenzo, Esmeraldas y Quito.
MEGA brinda servicios gratuitos de atención legal, psicológica y trabajo social a víctimas de violencia de género de manera presencial y permanente en la ciudad de Quito, con la finalidad de salvar vidas y recuperar proyectos de vida.
Se brindó asistencia técnica a una organización política para el aprendizaje y aplicación de los mecanismos de denuncia de casos de violencia política en el ámbito contencioso electoral. Este proceso fue validado en talleres regionales en Napo, Azuay, Guayas y Pichincha.
Se promovió la enseñanza de técnicas y herramientas a mujeres legisladoras, equipos técnicos y asesores para incidir en la calidad de la democracia, negociación y comunicación política.
Se brindó una asistencia técnica a 4 municipios de la provincia de Sucumbíos (Shushufindi, Cuyabeno, Putumayo y Sucumbíos) para construir un instrumento de política pública orientado a garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria.
Se impulsó un proceso de formación intensivo con recursos MOOC’s en medidas de protección, violencia política, liderazgo y de educación financiera.
Se impulsó un proceso de control social a la aplicación de la LOIPEVCM respecto de las medidas de protección y de la promoción del procedimiento especial y expedito en el Código Penal para su expedición.
Se fortaleció el liderazgo de mujeres rurales y de la población LGTBIQ+ de Chimborazo para mejorar sus fortalezas de incidencia en las políticas públicas, participación política y defensa de sus derechos.
Se llevó a cabo un proceso de vigilancia de la aplicación de la LOIPEVCM en lo que respecta al rol de las instituciones que forman parte del sistema integral de protección.
Se realizó el acompañamiento técnico al legislativo para la expedición de un procedimiento especial y expedito para juzgar y sancionar los delitos de violencia intrafamiliar y violencia sexual.
Se involucró a organizaciones de la sociedad civil de todo el país para crear conciencia sobre el Referéndum y Consulta Popular de febrero de 2018.
Se impulsó un proceso de diálogo, debate y construcción de una Agenda Judicial de Mujeres para la reforma de justicia, la cual fue presentada a las máximas autoridades de la Función Judicial.
Se incorporó la perspectiva de género en el Código Penal en lo que respecta a las sanciones de infracción de violencia y fortalecer la legislación para la prevención y atención de víctimas de violencia de género.